El Gobierno de De La Espriella presentó el presupuesto 2027 por 635 billones y anunció recortes de gasto para enfrentar el déficit y la deuda.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó el llamado “presupuesto de la verdad” para 2027, una nueva versión de las cuentas públicas que eleva el proyecto inicialmente planteado de 575 billones a aproximadamente 635 billones.
La administración sostiene que el presupuesto recibido del Gobierno de Gustavo Petro no reflejaba la totalidad de algunas obligaciones que deberá asumir el Estado durante el próximo año. Entre ellas, el Ejecutivo menciona gastos relacionados con pensiones, salud, salarios de funcionarios públicos, intereses de la deuda, universidades oficiales, subsidios de energía y gas, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y las elecciones regionales.
El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó el manejo de las cuentas de la administración anterior como una “irresponsabilidad fiscal”, mientras que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que recibió unas finanzas públicas más deterioradas de lo esperado.
¿Por qué aumentó el presupuesto de 2027?
De acuerdo con la explicación entregada por el Gobierno, el incremento cercano a 60 billones responde principalmente a la incorporación de obligaciones y presiones de gasto que no estaban suficientemente reflejadas en el proyecto presentado anteriormente.
Entre los compromisos que el Ministerio de Hacienda identifica como inaplazables se encuentran las pensiones, la salud, los subsidios de energía y gas, el Fepc y los recursos asociados con las elecciones regionales. En conjunto, estas obligaciones representarían cerca de 24 billones.
A esto se suma el aumento del servicio de la deuda pública. Según las cifras expuestas por el Ministerio de Hacienda, los recursos destinados a este concepto pasan de 118 billones a 155,4 billones, un incremento de 37,4 billones.
El Gobierno atribuye este aumento, entre otros factores, a vencimientos de deuda de corto plazo que considera que no fueron incorporados adecuadamente en las cuentas anteriores.
El Gobierno anuncia un recorte del gasto público
Aunque el presupuesto general de la Nación será más grande, el Ejecutivo asegura que esto no significa que pretenda aumentar el gasto sin control.
La administración De La Espriella anunció que prepara un recorte del gasto público por 21,9 billones para 2027, como parte del denominado apretón de cinturón que busca realizar durante el próximo año.
La intención, según el Ministerio de Hacienda, es reducir gastos considerados de menor impacto, controlar la adquisición de bienes y servicios y limitar el crecimiento de la nómina pública para que los salarios evolucionen principalmente en línea con la inflación.
El proyecto tendrá ahora una de sus principales pruebas en el Congreso de la República, donde deberá ser discutido por las comisiones económicas antes de continuar su trámite legislativo.
Así quedarían los principales componentes del presupuesto
El ajuste de las cuentas también modifica la distribución de los recursos previstos para 2027.
El gasto de funcionamiento pasaría de 367,7 billones a 392,6 billones, mientras que el servicio de la deuda aumentaría de $118 billones a 155,4 billones.
Por el contrario, la inversión tendría una reducción frente al proyecto anterior: pasaría de unos 90 billones a 87 billones.
Esto significa que una proporción muy elevada del presupuesto estaría comprometida en funcionamiento y deuda, dejando un margen menor para inversión pública.
El escenario representa uno de los principales desafíos para el Gobierno, especialmente porque la inversión es el componente que puede traducirse en obras, infraestructura y otros proyectos con impacto directo en los ciudadanos.
Déficit fiscal y deuda: los principales retos para 2027
Otro de los cambios importantes está relacionado con el déficit fiscal.
La nueva proyección contempla un déficit de 9,4 % del PIB, frente al 6,7 % que se esperaba en el proyecto presentado anteriormente.
Además, con las cifras actualizadas, la deuda pública pasaría de cerca del 60 % del PIB a más del 66 % entre 2026 y 2027, según las estimaciones presentadas en el proyecto.
El Gobierno plantea una denominada “ley de rescate económico”, que sería presentada al Congreso en septiembre y que tendría como objetivo contribuir a reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda.
El ministro de Hacienda ha señalado que la iniciativa no debe entenderse únicamente como una reforma tributaria, sino como un conjunto de medidas encaminadas al adelgazamiento del Estado, la eficiencia del gasto y la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.
¿De dónde saldrá la plata para financiar el presupuesto?
Uno de los principales interrogantes alrededor del presupuesto de 2027 es precisamente cómo se financiarán los 635 billones previstos.
Según las cifras presentadas por el Gobierno, alrededor de 299,07 billones provendrían de los ingresos corrientes de la Nación, principalmente de los impuestos.
Dentro de esta bolsa, el impuesto de renta aportaría aproximadamente 138,5 billones, mientras que el IVA representaría cerca de 112 billones.
Otros recursos llegarían de los ingresos de capital, estimados en 281,4 billones, principalmente mediante créditos internos y externos.
También se contemplan alrededor de 30 billones provenientes de establecimientos públicos, además de unos $20 billones correspondientes a otras fuentes, como contribuciones parafiscales y fondos especiales.
Uno de los puntos relevantes es que el Gobierno decidió no depender en las cuentas de ingresos tributarios derivados de reformas que todavía no hayan sido aprobadas por el Congreso.
¿Habrá una nueva reforma tributaria?
El panorama fiscal abre nuevamente el debate sobre los impuestos.
El Gobierno ha insistido en que su objetivo es reducir el tamaño del Estado, generar eficiencias y estimular la actividad productiva antes que aumentar la carga tributaria. Sin embargo, las necesidades de financiación hacen que el debate tributario sea uno de los asuntos centrales de la discusión económica.
La administración plantea conseguir parte del ajuste mediante reasignación de gastos de bajo impacto, optimización del espacio fiscal, operaciones de manejo de deuda y acceso a recursos multilaterales y de cooperación internacional.
El desafío será conseguir un ajuste fiscal significativo sin afectar las promesas sociales ni frenar la recuperación económica.
Educación y salud concentran las mayores asignaciones
A pesar de las restricciones fiscales, el proyecto contempla importantes recursos para algunos sectores sociales.
La educación encabezaría las asignaciones sectoriales con aproximadamente 78 billones para 2027, seguida de la salud, con 77 billones.
El Ministerio del Trabajo tendría recursos por unos 58,8 billones, mientras que Defensa contaría con alrededor de 33,3 billones.
En contraste, el proyecto contempla menores destinaciones para los ministerios de Ambiente, Cultura y Deporte.
Para los hogares que dependen de programas y ayudas estatales, el comportamiento del gasto público será especialmente relevante, dado que el ajuste fiscal deberá convivir con las obligaciones sociales del Estado.
Menor crecimiento económico y mayor presión sobre los ingresos
El nuevo escenario presupuestal también incorpora una perspectiva económica más moderada.
La proyección de crecimiento del PIB para 2027 pasó de 2,2 % a 1,8 %, de acuerdo con las cifras incluidas en el proyecto.
Un menor crecimiento puede afectar el recaudo de impuestos, especialmente aquellos relacionados con la actividad económica, como renta e IVA.
El Gobierno también contempla un escenario de inflación elevada. Para el cierre de este año se proyecta una inflación de 6,8 %, todavía considerablemente por encima de la meta del 3 % del Banco de la República.
A esto se suma el riesgo asociado al fenómeno de El Niño, que podría afectar algunas cosechas y generar presiones sobre los precios de energía, gas y agua.
El dólar también hace parte de las cuentas de 2027
Dentro de los supuestos utilizados para elaborar el presupuesto, el Gobierno estima un precio del dólar de aproximadamente 3.438 para 2027.
Este supuesto hace parte de las variables macroeconómicas utilizadas para calcular los ingresos y gastos del Estado y proyectar el comportamiento de diferentes sectores de la economía.
El terremoto podría generar nuevas presiones fiscales
El proyecto también advierte que todavía no se han incorporado plenamente los efectos económicos del terremoto mencionado en la propuesta.
Para atender las necesidades de reconstrucción, el Gobierno plantea utilizar el Fondo Milagro de Reconstrucción, mecanismo que podría combinar recursos públicos con asociaciones público-privadas, obras por impuestos y participación privada.
Esto significa que las cuentas fiscales podrían enfrentar nuevas presiones dependiendo de las necesidades de reconstrucción y de las decisiones que adopte el Gobierno.
La verdadera prueba será lograr el ajuste sin frenar la economía
El llamado “presupuesto de la verdad” representa uno de los primeros grandes desafíos económicos de la administración De La Espriella.
El Gobierno sostiene que transparentar las cuentas permite conocer con mayor precisión el tamaño del problema fiscal y evitar nuevas sorpresas durante la ejecución presupuestal. Sin embargo, reconocer un mayor déficit y mayores obligaciones no soluciona por sí mismo el desequilibrio.
La discusión ahora se trasladará al Congreso, donde el Ejecutivo deberá buscar respaldo para el presupuesto y para las medidas con las que pretende reducir el déficit.
El reto será especialmente complejo: reducir el gasto, controlar el crecimiento de la deuda, mantener la inversión social y cumplir las promesas de campaña relacionadas con la reducción de impuestos, todo en un escenario de menor crecimiento económico y mayores necesidades de financiación.
En otras palabras, el aumento del presupuesto de 575 billones a 635 billones no representa por sí solo más recursos disponibles para gastar. Una parte importante corresponde a obligaciones y necesidades de financiación que el Gobierno asegura haber incorporado al sincerar las cuentas para 2027.
Fuente
Semana, con base en las declaraciones y cifras citadas en el material suministrado.
