El Gobierno de Abelardo de la Espriella propone cambios para permitir una mayor participación privada y religiosa en la administración de colegios públicos. Esto se sabe.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa cambios para permitir una mayor participación de privados y organizaciones religiosas en la administración de colegios oficiales. La ministra de Educación asegura que no se trata de privatizar la educación pública.
Una nueva controversia se abrió en Colombia alrededor del futuro de los colegios públicos. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella impulsa un proyecto de decreto que modificaría las reglas para la administración de establecimientos educativos oficiales y permitiría una mayor participación de particulares y organizaciones religiosas.
La propuesta ha generado críticas de sectores políticos, organizaciones sindicales y actores del sector educativo, que consideran que la medida puede profundizar la participación privada en la educación pública.
Sin embargo, el Ministerio de Educación sostiene que los colegios continuarían siendo oficiales y bajo responsabilidad del Estado, por lo que rechaza que la iniciativa pueda calificarse como una privatización de la educación.
¿Qué propone el Gobierno sobre los colegios públicos?
El Ministerio de Educación publicó para comentarios un proyecto de decreto que modifica algunos artículos del Decreto 1075 de 2015, con el objetivo de establecer nuevas condiciones para la administración de establecimientos educativos oficiales.
La propuesta contempla que particulares puedan administrar y operar determinados colegios públicos bajo un modelo de concesión o administración. También abre la posibilidad de que organizaciones religiosas con experiencia en el sector educativo participen en determinadas estrategias pedagógicas.
De acuerdo con la información publicada sobre el proyecto, los operadores privados tendrían que cumplir requisitos de experiencia para asumir la administración de una institución educativa. Una de las condiciones mencionadas es acreditar al menos 10 años de experiencia en administración o prestación del servicio educativo.
Además, el modelo contempla que la administración pueda extenderse por varios años. La propuesta conocida plantea periodos de hasta 12 años para la operación de instituciones oficiales bajo este esquema.
¿Esto significa que los colegios públicos serán privatizados?
Esta es precisamente una de las principales discusiones.
La ministra de Educación, Viviane Morales, ha defendido el proyecto y ha rechazado que el Gobierno pretenda privatizar la educación pública.
La funcionaria explicó que la institución continúa siendo oficial y que las entidades públicas mantienen la responsabilidad sobre el servicio educativo, aunque puedan apoyarse en terceros para su administración.
En ese sentido, es importante diferenciar entre privatizar un colegio y permitir que un tercero privado administre una institución que continúa perteneciendo al sistema oficial.
El debate actual gira justamente alrededor de ese modelo.
¿Por qué existe preocupación por la propuesta?
Sectores críticos consideran que permitir una mayor participación de privados y organizaciones religiosas puede terminar trasladando funciones que tradicionalmente han estado en manos del Estado.
Fecode, por ejemplo, rechazó el proyecto y afirmó que podría significar una profundización de la privatización de la educación pública, además de expresar preocupación por las condiciones laborales de los docentes y el destino de los recursos públicos.
También se ha cuestionado la participación de organizaciones religiosas dentro de instituciones educativas oficiales.
Por otro lado, quienes respaldan el modelo de colegios en concesión sostienen que la administración por parte de terceros puede ser una alternativa para mejorar los resultados educativos y ampliar las opciones de gestión.
El antecedente de los colegios en concesión
El modelo que ahora busca regular el Gobierno ya tiene antecedentes en Bogotá.
Los llamados colegios en concesión o colegios en administración son instituciones que hacen parte de la oferta pública, pero cuya operación puede estar a cargo de un tercero mediante un contrato con el Estado.
De hecho, antes de que se conociera el nuevo proyecto de decreto, ya existía una discusión sobre el futuro de varios colegios de este tipo en Bogotá.
En julio de 2026, el representante electo Daniel Briceño había advertido sobre el riesgo de cierre de 35 colegios en concesión y pidió al entonces Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella adoptar medidas para garantizar la continuidad del modelo. Estos establecimientos atendían a más de 38.500 estudiantes.
¿Qué ha dicho el Gobierno de Abelardo?
La administración sostiene que el objetivo es establecer reglas más claras para un modelo que ya existe y que, según el Ministerio de Educación, puede permitir que terceros administren establecimientos oficiales sin que estos pierdan su carácter público.
La ministra Viviane Morales ha defendido especialmente la experiencia de los colegios administrados bajo este esquema en Bogotá y ha señalado que, según las evaluaciones citadas por la cartera, se han observado resultados positivos en aspectos como permanencia educativa, trayectoria escolar y desempeño en las Pruebas Saber 11.
Por ahora, no es correcto afirmar que todos los colegios públicos de Colombia serán privatizados. Lo que existe es un proyecto de decreto que busca ampliar y reglamentar la participación de terceros en la administración de determinados establecimientos oficiales.
Proyecto todavía genera debate
El proyecto de decreto se encuentra en el centro de una discusión nacional sobre el papel del Estado y del sector privado en la educación.
Mientras el Gobierno asegura que los colegios conservarán su carácter oficial y que las entidades territoriales continuarán ejerciendo funciones de responsabilidad, dirección, control y vigilancia, sectores críticos consideran que la propuesta puede aumentar la participación privada y religiosa en el sistema educativo público.
Por esta razón, el alcance definitivo de la medida dependerá del texto que finalmente adopte el Gobierno después del proceso correspondiente y de las condiciones que queden establecidas para la administración de los colegios.
En resumen
El Gobierno de Abelardo de la Espriella no ha anunciado que todos los colegios públicos pasarán a ser privados. La propuesta conocida busca establecer un marco para que terceros, incluidos particulares y organizaciones religiosas con experiencia educativa, puedan administrar determinados colegios oficiales.
La discusión está en si este mecanismo constituye únicamente una forma de administración de colegios públicos o si representa un avance hacia una mayor privatización del sistema educativo.
Fuentes
- Ministerio de Educación Nacional: el Gobierno tiene publicado en su portal de proyectos normativos el proyecto de decreto que modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, relacionado con la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.
Consultar proyectos normativos del Ministerio de Educación - El País: publicó este 28 de agosto de 2026 un informe sobre el proyecto del Gobierno de Abelardo de la Espriella y la mayor participación del sector privado y organizaciones religiosas en la administración de colegios públicos.
Leer informe de El País sobre los colegios públicos
