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Prosperidad Social revisa contratos, fiducias y más de 900 contratos de prestación de servicios

Prosperidad Social revisa contratos, fiducias y más de 900 contratos de prestación de servicios
Prosperidad Social revisa contratos, fiducias y más de 900 contratos de prestación de servicios

Prosperidad Social revisa contratos, fiducias, convenios, nombramientos y más de 900 contratos de prestación de servicios.

La directora Sandra Suárez Pérez informó que la entidad adelanta una revisión técnica y jurídica de actuaciones realizadas durante el gobierno anterior. El proceso busca establecer el estado de los recursos y determinar si los procedimientos se ajustaron a la normativa vigente.

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Prosperidad Social adelanta una revisión técnica y jurídica de contratos, convenios y otras actuaciones administrativas realizadas durante el gobierno anterior, según informó su directora, Sandra Suárez Pérez.

El proceso busca verificar el estado de los recursos públicos comprometidos, revisar los documentos y soportes disponibles y establecer si las actuaciones adelantadas cumplieron con las normas vigentes.

La funcionaria aseguró que las alertas que puedan encontrarse serán documentadas y, cuando corresponda, puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

“En Prosperidad Social no vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, afirmó Sandra Suárez.

¿Qué procesos está revisando Prosperidad Social?

La entidad conformó un equipo interdisciplinario para analizar diferentes actuaciones administrativas y contractuales. Entre los asuntos incluidos en la revisión están contratos de altos montos, recursos asociados a fiducias y convenios, nombramientos en provisionalidad, contratos de prestación de servicios y donaciones.

Uno de los puntos corresponde a contratos cuya ejecución estuvo concentrada durante los meses de campaña presidencial. Prosperidad Social señaló que busca verificar la justificación de estas contrataciones, su cumplimiento y la destinación de los recursos involucrados.

También se adelanta una revisión sobre cerca de un billón de pesos relacionados con fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución. En este caso, el análisis contempla documentos, soportes y el estado de legalización o cierre de los procesos.

Otro frente corresponde a más de una decena de nombramientos en provisionalidad. La entidad busca establecer si en estas actuaciones se cumplieron los requisitos y las disposiciones relacionadas con la carrera administrativa.

A esto se suman más de 900 contratos de prestación de servicios, cuya necesidad y correspondencia con los requerimientos de Prosperidad Social serán objeto de verificación.

La entidad también informó que revisará donaciones entregadas durante el primer semestre de 2026, con el propósito de establecer la claridad sobre los beneficiarios finales y la trazabilidad de estos procesos.

La revisión no significa que ya existan responsabilidades

Uno de los aspectos que Prosperidad Social enfatizó es que la revisión se encuentra en una etapa de verificación y análisis. Por ello, los asuntos incluidos en el proceso no representan, por sí mismos, una determinación de responsabilidad contra funcionarios o particulares.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, las revisiones parten de datos proporcionados por funcionarios, sindicatos de Prosperidad Social y reportes de organismos de control. Esa información está siendo contrastada para determinar qué ocurrió en cada caso.

Esto significa que será necesario esperar los resultados de la revisión antes de establecer si existieron irregularidades y quiénes podrían tener alguna responsabilidad.

¿Qué puede ocurrir cuando termine la revisión?

Prosperidad Social indicó que aquellos hechos que eventualmente puedan tener implicaciones disciplinarias, fiscales, penales o administrativas serán remitidos a las autoridades competentes, siempre bajo las garantías del debido proceso.

La directora Sandra Suárez Pérez insistió en la importancia de determinar el destino y manejo de los recursos públicos y de verificar que las decisiones administrativas se hayan tomado conforme a la ley.

“Cada peso público debe poder explicarse y cada decisión administrativa debe ajustarse a la ley”, señaló la funcionaria.

Por ahora, no se ha informado que las revisiones hayan concluido ni que existan responsabilidades definitivas derivadas de estos procesos. Prosperidad Social aseguró que dará a conocer los avances y resultados a medida que se obtengan nuevos elementos.

Para los ciudadanos, el punto central es que se trata de una revisión en curso sobre diferentes actuaciones de la entidad y que cualquier eventual responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades correspondientes, de acuerdo con los resultados de las investigaciones y el debido proceso.

Fuente principal: Prosperidad Social, declaraciones de la directora Sandra Suárez Pérez, según el material suministrado.

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